+No atender la orden del desafuero, provocaría desaparición de poderes  

+Por mandato constitucional debería nombrarse un gobernador sustituto  

+Los escenarios político-electorales cambiarían, a partir de esta semana    

El punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Tamaulipas para dejar sin efecto la declaración de procedencia (desafuero), emitida por el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, difícilmente evitará su ejecución al observar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 111 (párrafo sexto) que: ‘Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de Diputados y Senadores son inatacables’.  

Esto significa que ninguna otra instancia tiene personalidad para dar marcha atrás a esa determinación. Ni detener su cumplimiento, mediante una controversia constitucional, como la promovida por la diputada Marta Patricia Palacios Corral, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

No obstante, la LXIV Legislatura estatal aprobó el viernes anterior su oposición a respetar el mandato federal, bajo el argumento de que (aquí) no procede la homologación del desafuero en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, determinando que: “No hay lugar para retirarle la protección o inmunidad procesal”.  

Y lo reconoce como Gobernador Constitucional, para desempeñar el encargo público para el que fue electo en 2016. O sea, hasta el 2022.  

Considerado un desplante de lealtad, los 26 diputados que votaron a favor del rechazo al desafuero hicieron lo correcto porque ‘en las buenas y malas así deben actuar los amigos’. De ellos 22 militan en el membrete albiceleste (PAN), tres en el tricolor (PRI) y una en MC.  

Quienes sufragaron en contra, son los morenistas Roque Hernández Cardona, Susana Juárez Rivera y Edna Rivera López.  

Absteniéndose los también llamados ‘defensores’ de la mentada 4T: Ulises Martínez Trejo, Eliud Osiel Almaguer Aldape, Reyna Deniss Ascencio Torres, Víctor Manuel Flores Lemus, Esther García Ancira, Guillermina Medina Reyes y Leticia Sánchez Guillermo.  

¿Acaso por desconocer la causa, connivencia o temor?  

¡Vaya usted a saber! Lo cierto es que su omisión los retrata cual son en el ejercicio legislativo.  

Como fuere, el punto de acuerdo significa una rebelión que quizá en los días subsecuentes provoque la desaparición de poderes en el estado porque (legalmente), es irrebatible ‘la declaración de procedencia’, según plasma el Artículo 111 de nuestra Carta Magna.  

Y actuar en contra (como lo ha hecho el Congreso local), obligaría al Senado de la República a tomar cartas en el asunto, como puntualmente dicta el Artículo 76 de la Constitución Política de México.  

El su inciso V, determina que esa instancia deberá ‘Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado”.  

Y en su inciso VI, le permite: ‘Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa, cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional…”  

Incluso, establece el inciso VII: “Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho…”  

Acorde a eso Tamaulipas se mantiene en un brete político, pues por un lado la razón le asiste a la Cámara de Diputados y, por otro, hay clara intención de desacato constitucional que no es la mejor forma para frenar el ordenamiento legal.  

Interpretación errónea  

En su intención de enfrentar la decisión legislativa del desafuero, Gerardo Peña Flores, jefe de la Junta de Coordinación Política del Congreso local mandó a la diputada Karla María Mar Loredo a leer la determinación para no acatar el dictamen de la Cámara de Diputados.  

 Y hasta eso, malinterpretando el Artículo 111 constitucional, que, en su contenido refiere: “Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas… la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.  

Es decir, para nombrar un mandatario sustituto, según sea el caso; y no para poner a su consideración el ordenamiento ya que, repito, éste es inatacable.  

Por eso hay que leer completo este artículo, que hoy, por la falta de espacio, solo sintetizo: ‘Para proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas… la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda…  

“Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de Diputados y Senadores son inatacables”.  

Al actuar en contra, Gerardo Peña Flores y su séquito legislativo solo engañan al inculpado, pues el ordenamiento constitucional habrá de cumplirse en tiempo y forma, so pena de que se decrete la desaparición de poderes en el estado.  

El relevo  

Acorde a la disposición legal, una vez declarado el desafuero, el mando gubernamental lo asumiría por 48 horas, cuando mucho, el secretario general de Gobierno. En este caso es César Augusto Verástegui Ostos, en tanto el Congreso local determine a voluntad suya o por instrucciones, al mandatario sustituto.  

Hoy se vence el plazo constitucional, sin que haya visos de quién en Palacio de Gobierno tiene las riendas en sus manos, para entregarle la estafeta al nuevo jefe del Ejecutivo estatal.   

Y aquí aparecen los cuatro prospectos al relevo:  

1) Jesús Antonio Nader Nasrallah, quien es presidente municipal en Tampico, buscando actualmente su reelección;  

2) Óscar Enrique Rivas Cuéllar, alcalde de Nuevo Laredo, pero con licencia, pues juega electoralmente para ser diputado local;  

3) Carlos Alberto García González, actual secretario de Desarrollo Económico; y  

4) Gerardo Peña Flores, diputado local plurinominal y candidato a legislador federal por el noveno distrito con cabecera en Reynosa.  

No obstante, podría darse una sorpresa.  

¡Claro, si acaso el Congreso local reculara para atender la orden de nombrar gobernador sustituto!  

De otra forma sería el Senado de la República quien decidiera.  

Y ya sería el colmo.  

Posicionamiento de FJGCV  

En un video que circula profusamente en redes sociales, desde hace dos días, Francisco Javier acusa que, su desafuero: “Es un nuevo golpe al federalismo… la restauración del más rancio autoritarismo”.  

Y sostiene: “Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo, mucho antes de que se me acusara, justo desde el momento en que alcé la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos. El odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública de este Gobierno federal, no hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza, del uso de las instituciones públicas para la calumnia, para ser castigado, señalado y hasta encarcelado”.  

Dice que quienes han sido oposición al presidente, Andrés Manuel LópezObrador, desde hace años son ahora ‘foco de la embestida gubernamental’, denunciando que ha sido víctima de una persecución.  

Y acusa: “No deja de ser triste que el voto por la esperanza se haya convertido en odio y venganza. Que el México sediento de justicia se esté convirtiendo aceleradamente en un México sin ley…”  

Correo: jusam_gg@hotmail.com  

Caminante no hay camino  

El desafuero del gobernador deja mal parados a todos los candidatos del albiceleste que buscan posiciones en este proceso electoral.  

Desde los aspirantes a diputaciones (federales / locales), como a los que buscan posiciones en los 43 ayuntamientos.  

Por tanto, deben emplearse a fondo, so pena de verse perdidos ante sus rivales, hasta hace días, considerados más débiles…  

Según analistas, la crisis política que atraviesa el estado, por el caso del desafuero, ha restado puntos al Partido Acción Nacional (PAN), pero, hay que consignarlo también, no han sido capitalizados por morena, ante el bajo perfil de sus abanderados.   

Se hace camino al andar  

Con, sin, y pese a los malogrados aspirantes de morena, en Michoacán y Guerrero, el membrete guinda arrasaría, puesto que, Raúl Morón Orozco en la tierra purépecha, es el nuevo dirigente estatal.  

El Instituto Nacional Electoral (INE) canceló su candidatura a gobernador, arguyendo falta de información sobre sus gastos de campaña.  

Y en Guerrero, Félix Salgado Macedonio se estrena como delegado estatal de la llamada 4T (léase morena), luego de que el INE canceló su candidatura gubernamental.  

Al relevo entró su hija Evelyn Salgado Pineda.  

Ambos tienen un posicionamiento profundo en sus entidades.  

Y al ser ‘aniquilados’ por el INE, aprovecharían sus liderazgos para erradicar de ambas entidades otros proyectos políticos.   

Cicuta  

La traición sólo es atribuible a los amigos, socios, parientes…  

Y éstos al ver afectado judicialmente a su patrón, también serían los primeros en correr… o prestarse a ‘cantar’ a cambio de inmunidad.  

Más cuando ha trascendido que la Fiscalía General de la República (FGR) considera a Francisco Javier prófugo de la justicia.  

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.